El Gobierno del Estado de Jalisco calificó como jurídicamente improcedente la solicitud del Congreso del Estado para convocar un referéndum que permita a la ciudadanía decidir sobre el aumento a la tarifa del transporte público.
En un boletín oficial, la Secretaría General de Gobierno explicó que, de acuerdo con la Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del Estado de Jalisco, los mecanismos de referéndum no aplican a disposiciones de carácter contributivo, como las tarifas de servicios públicos, ya que estas constituyen una contraprestación por un servicio regulado por el Estado.
El documento oficial señala que la petición del Congreso contraviene lo establecido en el artículo 42 de dicha ley, que excluye expresamente del régimen de referéndum a los temas relacionados con impuestos, derechos, cuotas o cargas de naturaleza contributiva. Además, detalla que la facultad de solicitar referéndum por parte del Legislativo está limitada únicamente a reglamentos y decretos, según la fracción II del artículo 43.
De acuerdo con el Gobierno estatal, el ajuste tarifario que motivó la solicitud del referéndum no proviene de un decreto ni de un reglamento, sino de un acuerdo administrativo del Poder Ejecutivo, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 27 de diciembre de 2025, lo que refuerza su exclusión de los mecanismos de consulta popular.
El comunicado también destacó que el acuerdo legislativo fue dirigido al canal institucional equivocado, al solicitar la convocatoria al Consejo de Participación Ciudadana y Popular, cuando la normativa vigente indica que la autoridad competente para estos procesos es el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC).
Finalmente, el Gobierno estatal reiteró su compromiso con la legalidad, la participación ciudadana y el respeto al Estado de Derecho, además de manifestar disposición al diálogo institucional dentro del marco jurídico vigente
