Personas que participaron en la movilización del pasado 11 de octubre en Guadalajara, Jalisco, denunciaron haber sufrido golpes, amenazas y humillaciones por parte de policías estatales después de ser detenidas durante la protesta para exigir agua limpia en la Zona Metropolitana.
De acuerdo con el testimonio de Alejandra Rivas, una de las afectadas, los abusos ocurrieron en una habitación de Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador Pablo Lemus Navarro. La mujer señaló que está dispuesta a presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que se investiguen los hechos.
La manifestación comenzó para exigir soluciones a los problemas de calidad del agua que reciben los habitantes de la zona metropolitana. Sin embargo, el operativo policial derivó en enfrentamientos, uso de gases lacrimógenos, chorros de agua a presión y detenciones.
Tras las denuncias, el caso generó cuestionamientos sobre el actuar de las corporaciones de seguridad y la posible vulneración de los derechos humanos de las personas detenidas.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) anunció el inicio de investigaciones sobre los presuntos abusos, mientras autoridades federales y estatales enfrentan la exigencia de esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.
