En la capital de Jalisco, la crisis migratoria se agrava con la saturación de albergues que operan con recursos limitados. La falta de apoyo gubernamental ha llevado a que decenas de migrantes queden en la calle, expuestos a riesgos como la explotación laboral y la violencia.
Organizaciones civiles han denunciado que, lejos de implementar soluciones, las autoridades han incrementado las deportaciones. Esto afecta principalmente a mujeres y niños que buscan refugio tras huir de la violencia en sus países de origen. Los activistas piden políticas más humanas y programas que permitan una integración efectiva en las comunidades locales.
A pesar de la adversidad, algunos migrantes logran encontrar apoyo en iglesias y redes comunitarias. Estos grupos brindan alimentos, ropa y orientación legal, aunque la demanda supera ampliamente la oferta.
Este fenómeno refleja los desafíos de los estados receptores ante el aumento de la migración en México. Las tensiones entre los migrantes y las comunidades locales también se incrementan, lo que subraya la necesidad de una estrategia integral que aborde este problema desde sus raíces.
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