El Poder Judicial de Jalisco presentó ante el Congreso local su iniciativa de reforma para la renovación de jueces y magistrados, estableciendo que el proceso deberá realizarse hasta el 2027. Mientras tanto, quienes estén próximos a jubilarse o finalizar su periodo podrán permanecer en sus cargos hasta la elección.
En la propuesta, el magistrado presidente José Luis Álvarez Pulido descartó el método de insaculación pública, conocido como “tómbola”, y destacó la importancia de una adecuada selección de perfiles, el fortalecimiento de la justicia digital y la creación de una escuela de formación para la carrera judicial.
Autonomía y libertad en la elección del Supremo Tribunal
Álvarez Pulido reafirmó la autonomía del Poder Judicial y la libertad para definir el proceso de elección de la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia. Explicó que en algunas entidades se somete a votación entre los cuatro candidatos con mayor apoyo, mientras que en otras simplemente se elige a quien obtenga el mayor número de votos. En el caso de Jalisco, se mantendría la facultad del pleno del Tribunal para designar a la persona que ocupará la presidencia.
“Cada poder es autónomo para decidir. Presentamos nuestra propuesta de reforma, al igual que el Ejecutivo estatal, pero eso no significa que una iniciativa riña con la otra. El Congreso local recibirá y analizará todas las propuestas antes de tomar una decisión”, afirmó.
Garantizar la continuidad en la justicia
Sobre los jueces cuyo nombramiento venza antes de 2027, como los de materia laboral, el magistrado explicó que su propuesta es que continúen en funciones hasta la elección para garantizar la operatividad del sistema judicial.
“Si alguien decide jubilarse antes de la elección o surge una vacante inesperada, planteamos que el cargo se ocupe bajo el mecanismo vigente hasta que se realice la elección de 2027”, agregó.
Redistribución del presupuesto judicial
Actualmente, el presupuesto del Poder Judicial de Jalisco se distribuye de la siguiente manera:
Consejo de la Judicatura: 70%
Supremo Tribunal de Justicia: 25%
Instituto de Justicia Alternativa: 5%
La propuesta busca un estudio detallado para redistribuir el 70% asignado al Consejo de la Judicatura, definiendo cuánto correspondería al Tribunal de Disciplina Judicial y cuánto al órgano de Administración Judicial.
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