El caso del Rancho Izaguirre, ubicado en el municipio de Teuchitlán, volvió a generar conmoción luego de que el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco revelara nuevos testimonios y señalamientos sobre lo que presuntamente ocurrió en ese predio, vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
De acuerdo con información difundida por el colectivo, el rancho no solo habría funcionado como un centro de adiestramiento del crimen organizado, sino también como un sitio donde se cometieron delitos graves como privación ilegal de la libertad, asesinatos, trata de personas y presuntos actos de canibalismo. Estas acusaciones fueron expuestas en una carta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum, en la que las buscadoras denunciaron la falta de avances reales en la investigación.
Las integrantes del colectivo aseguran que, durante sus labores de búsqueda, localizaron en el rancho cientos de pares de zapatos, ropa y objetos personales, así como restos óseos, zonas de cremación y posibles fosas clandestinas. Señalan que muchos de estos indicios no fueron documentados durante la primera intervención oficial realizada en septiembre de 2024, cuando la Guardia Nacional aseguró el predio.
En ese operativo inicial fueron detenidas 10 personas y se rescató a dos víctimas privadas de la libertad. Posteriormente, en 2025, los detenidos fueron sentenciados a más de 141 años de prisión por delitos relacionados con desaparición y homicidio. No obstante, los colectivos consideran que el caso no está cerrado y que aún hay información clave sin esclarecer.
Uno de los señalamientos más graves es que existen testigos que lograron escapar del rancho y que no han rendido declaración ante autoridades mexicanas debido al miedo y a la falta de garantías de seguridad. Según el colectivo, algunas de estas personas huyeron a Estados Unidos, donde podrían aportar información relevante sobre lo ocurrido.
Además, Guerreros Buscadores denunciaron posibles filtraciones de información desde instancias federales hacia el crimen organizado, lo que, aseguran, ha entorpecido las investigaciones y puesto en riesgo tanto a testigos como a familiares de víctimas.
El colectivo reiteró su exigencia de una investigación exhaustiva, transparente y con acompañamiento internacional, al considerar que el caso del Rancho Izaguirre refleja la dimensión de la crisis de desapariciones y violencia que enfrenta Jalisco y el país.
