El caso de Juan Ramírez López, un hombre de 87 años que denunció haber perdido su vivienda en Puerto Vallarta, Jalisco, abrió una discusión sobre la protección del patrimonio de los adultos mayores y los mecanismos de seguridad en operaciones inmobiliarias.
El hombre asegura que fue víctima de un engaño por parte de familiares que lo ayudaron a resolver problemas económicos, mientras que su nieta sostiene que la propiedad fue entregada mediante un procedimiento legal para cubrir deudas.
La historia comenzó a difundirse en redes sociales después de que circuló un video en el que Juan relata su versión de los hechos. De acuerdo con su testimonio, buscó apoyo de su hija y su yerno, quienes se dedicaban al sector inmobiliario, para encontrar una solución a una deuda cercana a los 400 mil pesos.
Según explicó, el objetivo inicial era vender otro inmueble para cubrir ese adeudo, pero la operación no se concretó. Posteriormente, afirmó que le entregaron documentos para firmar sin explicarle con claridad el alcance de esos papeles.
“Yo nunca supe qué era lo que estaba firmando“, declaró Juan en el video que posteriormente se viralizó.
De acuerdo con la versión del adulto mayor, después de firmar los documentos perdió la propiedad donde vivió durante aproximadamente cinco décadas junto a su esposa.
El pasado 15 de julio se realizó una diligencia judicial en el inmueble ubicado en Puerto Vallarta, donde autoridades llevaron a cabo el desalojo de la vivienda. Durante el procedimiento fueron retiradas las pertenencias de Juan, quien asegura que fue despojado de su patrimonio.
El hombre señaló que actualmente busca recuperar la propiedad mediante acciones legales y que su intención es que se revise cómo ocurrió la transferencia del inmueble.
Tras la difusión del caso, Ihara Maday Rodríguez, nieta de Juan Ramírez y quien aparece como actual titular del inmueble, publicó un video para responder a las acusaciones.
La joven negó que existiera un despojo y explicó que la transferencia de la vivienda ocurrió después de un proceso que, según su versión, se desarrolló durante varios años. Rodríguez señaló que su abuelo tenía diferentes compromisos financieros y que sus padres buscaron una alternativa para evitar que los acreedores afectaran el patrimonio familiar.
De acuerdo con su explicación, la operación se realizó mediante una dación en pago, una figura jurídica en la que un bien puede entregarse para saldar una deuda, y afirmó que el procedimiento fue formalizado ante un notario.
También aseguró que el desalojo no fue una decisión de la familia, sino el cumplimiento de una resolución emitida por un juez.
“Fue una resolución judicial, no una acción tomada por nosotros”, expresó en su mensaje.
La nieta de Juan también denunció que, después de que el caso se difundió públicamente, recibió amenazas, mensajes intimidatorios y actos de hostigamiento.
Hasta ahora, las versiones de ambas partes son distintas y el conflicto permanece en manos de las autoridades correspondientes.
Mientras Juan sostiene que fue engañado y que no conocía las consecuencias de los documentos que firmó, su familia afirma que la operación fue realizada conforme a la ley.
Será la autoridad judicial la encargada de revisar la documentación relacionada con la transferencia del inmueble y determinar si existieron irregularidades durante el proceso.
