La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió un amparo al Instituto Federal de Defensoría Pública, exigiendo la creación de una Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Tortura en Jalisco.
El organismo argumentó la falta de una entidad gubernamental para abordar casos de tortura, incumpliendo la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles.
La SCJN determinó que el Ejecutivo y el Congreso local no cumplieron esta obligación durante seis años, instando al Congreso de Jalisco a iniciar el proceso legislativo para la creación de la Fiscalía especializada, con tres votos a favor y dos en contra.
El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) celebró la resolución como un avance crucial para garantizar el derecho a la justicia de las personas afectadas por el delito de tortura.
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