La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaló dificultades para obtener la colaboración necesaria en las investigaciones sobre las presuntas agresiones y actos de tortura cometidos contra manifestantes durante las protestas por la calidad del agua en Guadalajara, Jalisco.
El organismo condenó los señalamientos de malos tratos contra personas detenidas durante la movilización del 11 de octubre, cuando ciudadanos exigieron agua potable de calidad y denunciaron irregularidades en el suministro de la Zona Metropolitana de Guadalajara.
Las denuncias incluyen golpes, humillaciones y posibles actos de tortura durante las detenciones, así como presuntas irregularidades en el acceso a una defensa jurídica. Algunos testimonios señalan que las agresiones ocurrieron en instalaciones oficiales, incluida la residencia del gobernador Pablo Lemus Navarro.
La CNDH ejerció su facultad de atracción para investigar los hechos y recabar testimonios de las víctimas, además de realizar certificaciones médico-legales que permitan documentar posibles violaciones graves a los derechos humanos. También busca esclarecer las circunstancias de las detenciones y determinar las responsabilidades correspondientes.
El caso ha generado cuestionamientos sobre la actuación de las autoridades estatales y la cooperación entre las instituciones involucradas. La Comisión ha solicitado información relacionada con las personas detenidas y el expediente de las investigaciones iniciadas a nivel local.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió una investigación profunda y que se identifique a quienes ordenaron o participaron en los presuntos abusos. La mandataria sostuvo que no debe haber impunidad ante posibles actos de tortura cometidos por elementos de seguridad.
La investigación continúa para esclarecer los hechos y determinar si existieron violaciones a los derechos humanos durante el operativo policial.
