Dos personas detenidas durante la manifestación del 11 de octubre frente a Casa Jalisco acudieron al Congreso del estado para denunciar presuntas agresiones y exigir que se investigue la actuación de los elementos de seguridad que participaron en el operativo. También solicitaron la renuncia de funcionarios responsables de las corporaciones involucradas.
Durante sus testimonios, Daniela Álvarez Zepeda, médica, relató que fue sometida por policías encapuchados, golpeada, insultada y jalada del cabello. Aseguró que sufrió diversas contusiones y un esguince cervical, además de denunciar que permaneció incomunicada durante su detención.
Por su parte, Luis Antonio Palacios, biólogo de 27 años, afirmó que varios agentes lo derribaron y golpearon junto con su pareja. Ambos señalaron que habían participado en la movilización para exigir agua limpia y segura, y rechazaron haber cometido actos que justificaran el trato recibido.
Los manifestantes pidieron sanciones para los elementos que presuntamente incurrieron en abusos, así como garantías de acceso a sus expedientes y reparación del daño. También solicitaron la salida de funcionarios como el coordinador de Seguridad, Roberto Alarcón; el secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández, y el fiscal estatal, Salvador González de los Santos.
Durante la comparecencia también participaron familiares de policías que resultaron lesionados en la misma movilización. Una de las intervenciones fue la de la madre de un agente que sufrió lesiones en los dedos, quien pidió que también se atiendan las afectaciones físicas y psicológicas de los elementos.
Por su parte, las autoridades han señalado que se revisa la actuación policial durante el operativo. El secretario de Seguridad informó que 17 elementos fueron identificados para revisión por posibles irregularidades, mientras que los testimonios de las personas detenidas reavivaron las exigencias de esclarecer lo ocurrido durante la protesta.
